Elementos

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  Tendencias de privatización y mercantilización de la universidad en América Latina. Los casos de Argentina, Chile, Perú y República Dominicana.

  En los últimos cuatro años, los cambios que se produjeron en varios países configuraron el ingreso en un nuevo ciclo de hegemonía neoliberal conservadora para la región en su conjunto. Este escenario abrió fuertes interrogantes y preocupaciones respecto de una nueva expansión y profundización de los procesos de privatización y mercantilización, y también, sobre los efectos y las consecuencias que podrían tener. En este contexto, el IEC-CONADU, en alianza con la Internacional de la Educación, resolvió impulsar un proyecto de investigación sobre la privatización y la mercantilización de la universidad en América Latina, tomando –en esta primera etapa– cuatro casos nacionales: Argentina, Chile, Perú y República Dominicana. El objetivo principal es reconstruir y analizar los procesos de privatización y mercantilización de y en la universidad, las características que han asumido, los actores que intervienen y las estrategias que despliegan, y sus efectos en los sistemas universitarios latinoamericanos. Con ello se espera, en el marco de la Campaña Global contra la privatización y la mercantilización de la educación impulsada por la Internacional de la Educación, contribuir al desarrollo de la estrategia sindical internacional en defensa de la democratización de la educación y el conocimiento, de la educación superior como un derecho, y de los derechos laborales de trabajadoras y trabajadores del sector.
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  Recomendación conjunta de la OIT y la UNESCO relativa a la situación del personal docente (1966). Recomendación de la UNESCO relativa a la condición del personal docente de enseñanza superior (1997).

  Entendemos que es muy importante que la Recomendación sea conocida, discutida, contrastada con la realidad concreta y actual de las condiciones de trabajo en el sector. Necesitamos una norma que regule nuestra tarea asegurando nuestros derechos laborales y ciudadanos en el marco de la actividad académica. Pero sólo la organización colectiva puede lograr que esta y cualquier otra norma sea efectiva, a nivel nacional e internacional. Sólo el fortalecimiento de nuestra capacidad de intervenir en la definición de la política educativa, científica, laboral y productiva de nuestros países podrá garantizar, junto a la dignidad del trabajo, el derecho de nuestros pueblos a la educación y al conocimiento. Las recomendaciones que se publican aquí, elaboradas en contextos tan diferentes como los de 1966 y 1997, permiten pensar un recorrido en torno a los derechos de las y los docentes universitarios. El balance que proponen David Robinson y Yamile Socolovsky en los textos que presenta esta edición apunta a retomar el debate considerando los desafíos de la etapa actual y reafirmando el derecho a la universidad.