Entendemos que es muy importante que la Recomendación sea conocida, discutida, contrastada con la realidad concreta y actual de las condiciones de trabajo en el sector. Necesitamos una norma que regule nuestra tarea asegurando nuestros derechos laborales y ciudadanos en el marco de la actividad académica. Pero sólo la organización colectiva puede lograr que esta y cualquier otra norma sea efectiva, a nivel nacional e internacional. Sólo el fortalecimiento de nuestra capacidad de intervenir en la definición de la política educativa, científica, laboral y productiva de nuestros países podrá garantizar, junto a la dignidad del trabajo, el derecho de nuestros pueblos a la educación y al conocimiento.
Las recomendaciones que se publican aquí, elaboradas en contextos tan diferentes como los de 1966 y 1997, permiten pensar un recorrido en torno a los derechos de las y los docentes universitarios. El balance que proponen David Robinson y Yamile Socolovsky en los textos que presenta esta edición apunta a retomar el debate considerando los desafíos de la etapa actual y reafirmando el derecho a la universidad.
